PRONUNCIAMIENTO DE UNIDAD A FAVOR DE LOS COMPAÑEROS DE EDUCACION CIENCIAS SOCIALES Y COMUNICACIÓN Y ANTE LOS ACTOS DE CORRUPCION DE NUESTRA UNIVERSIDAD

PRONUNCIAMIENTO DE UNIDAD A FAVOR DE LOS COMPAÑEROS DE EDUCACION CIENCIAS SOCIALES Y COMUNICACIÓN Y ANTE LOS ACTOS DE CORRUPCION DE NUESTRA UNIVERSIDAD

Ante el abuso y prepotencia y negativa del rector de nuestra universidad con los compañeros de la facultad de educación ciencias sociales y comunicación, ante la asignación de solo 7 de los 24 que requieren la Mesa Directiva de la FDDCCPP manifiesta:

1. Que lamentamos la actitud asumida por nuestro Rector Fernando castillo Picón por negarse al dialogo abierto y no haber previsto que la facultad de educación cuente con mas aulas dada su población estudiantil, así como por la presunta sobrevaloración de las obras de la ciudad universitaria, como del aula de telemática.

2. Que saludamos el apoyo de varias facultades con sus centros federados. Sin embargo, lamentamos que en este esfuerzo no estén los actores que participan en la vida universitaria como los gremios estudiantiles y de docentes.

3. Que nos mostramos de acuerdo con la posición asumida por la facultad de ciencias sociales y comunicación así como de los demás gremios estudiantiles.

4. hacemos un llamado a los miembros de la Asamblea Universitaria y el Consejo Universitario a tomar su rol activo y tomar posición respecto a la actual problemática.

5. Que se hace necesario retomar el debate sobre la universidad peruana sin excluir a la universidad privada de la nueva legislación que surja. Asimismo, esperamos que en el nuevo debate se incluya a todos los actores involucrados en la mejora de la educación superior en el Perú

6. Que llamamos a los congresistas a aprobar de unas ves toda la nueva ley universitaria.

7. Hacemos un llamado a todos los centros federados a hacer un balance de sus gestionas, así como un balance de nuestro actuar interno y externo en aras de recuperar nuestra presencia institucional, académica y política tan venida a menos últimamente por dirigentes estudiantiles que no son capaces de comprender este problema que es nacional y de la que nadie escapa..

8. Un llamado a toda la comunidad santiaguina a tomar posición y solidarizarse con esta medida recuperando el principio de solidaridad, ya que la problemática de cada facultad es el fondo de toda la universidad.

9. Finalmente exhortamos a realizar una lucha inteligente, legal, participativa y pragmática, reconociendo solo al presidente de la feunasam, como al representantes de la facultad de educación ciencias sociales y comunicación de educación como los inicios voceros oficiales de esta lucha.

MESA DIRECTIVA DEL CENTRO FEDERADO DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS DE LA UNASAM

DIZQUE UNIVERSIDADES

Disfrazado de un Decreto Legislativo con el fin de incentivar la inversión privada en la educación, el Decreto No 882, presentado durante la dictadura fujimorista, ha permitido que universidades que no merecen el rótulo se alcen a diestra y siniestra en todo el país. El escándalo develado hace pocas semanas respecto a la Universidad Alas Peruanas pone en relieve el lamentable estado de la educación superior en el Perú y la existencia de “dizque universidades” que no cuentan con la calidad educativa necesaria para ser consideradas como tales.

Según las estadísticas de la Asamblea Nacional de Rectores, que lamentablemente se encuentran actualizadas solo hasta el 2006, en el Perú existen alrededor de 100 universidades. En Lima metropolitana hay 22 universidades institucionalizadas, entre públicas y privadas, y 10 universidades con autorización provisional. Cabe mencionar que desde la creación del Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades (CONAFU), en enero de 1995, se ha autorizado el funcionamiento definitivo de 12 universidades en 14 años. Pero, lo más increíble, es que solo se han reconocido 34 filiales universitarias a nivel nacional, y actualmente ¡funcionan clandestinamente más de 500! Como vemos, la CONAFU no ha cumplido su deber.

Como si fuera poco, en el Perú no tenemos, a diferencia de otros países, un Sistema Nacional de Acreeditación autónomo. El Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE), a través de su brazo universitario el Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Educación Superior Universitaria (CONEAU), carece de la autonomía y el personal competente, razón por la cual el establecimiento de los estándares y los procesos de evaluación de las universidades no solo no son claros, sino tampoco idóneos, tal como se manifiesta en su actual intento de evaluación de las facultades de educación.

En este contexto, saludamos el Proyecto de Ley No 2340/2007-CR propuesto por Mercedes Cabanillas, parlamentaria aprista, pues resulta una iniciativa positiva ya que propone suspender el mencionado decreto fujimorista a fin de frenar el surgimiento de universidades empresa que no imparten una educación de calidad, ni desarrollan la investigación universitaria. Este Proyecto de Ley no solo propone la suspensión del Decreto No 882, sino que además sugiere que tanto las universidades nuevas como aquellas creadas al amparo del decreto fujimorista, sean aprobadas por la CONAFU para funcionar.

La iniciativa es positiva, sin embargo, cabe señalar un posible error en la propuesta pues se le da al CONAFU la facultad de evaluar las universidades creadas y señalar los estándares para las futuras universidades cuando ya lo han venido haciendo y con muy poco éxito. Como propone Nicolás Lynch, sería mejor ceder esta potestad a una comisión de expertos sin intereses y no se puede tratar de un espacio dirigido por ex rectores. Sin universidades de calidad, el Perú seguirá atrasado en Educación y esa factura la pagamos, a diario, todos los peruanos.

VUELVEN A GANAR LAS MAFIAS

El martes pasado ocurrió un hecho que ensombrece el camino hacia una educación universitaria de calidad en el país. En la Comisión de Educación del Congreso se archivó el predictamen que propone una nueva ley universitaria. Esta propuesta fue un esfuerzo por sintetizar 15 proyectos de ley presentados a lo largo de los dos últimos periodos congresales y que ha sido discutida en una docena de audiencias públicas nacionales en los últimos años. Entonces, ¿por qué no se ha querido discutir?

Esta historia comienza en 2001, cuando se promueve el proyecto de Segunda Reforma Universitaria con el desafío de construir un sistema universitario de calidad. Mediante la Resolución Suprema, se crea la Comisión Nacional por la Segunda Reforma Universitaria (CNSRU), que preparó un Anteproyecto de Ley Universitaria y un diagnóstico sobre la situación de la universidad.

Entre 2004 y 2006, se llevaron a cabo foros públicos en diferentes universidades de Lima y provincias para discutir los pormenores de la propuesta de ley universitaria que debería reemplazar a la ley 23733 promulgada en 1983. Estos foros se constituyeron en espacios de encuentro y discusión entre representantes de la comunidad universitaria y de la sociedad civil, cuyos aportes enriquecieron las contribuciones realizadas por la CNSRU.

Estas contribuciones fueron recogidas por la actual Comisión de Educación del Congreso que organiza nuevas reuniones de consulta en Lima y en el interior del país, para llegar a un predictamen que plantea, entre otras cosas, principios y normas que deberán presidir a todas las universidades sin distingo sobre su origen. Recordemos que, actualmente, las universidades públicas se rigen por la ley 23733 mientras que la mayoría de las privadas lo hacen mediante el DL 882 promulgado durante el gobierno de Fujimori, que crea las “universidades con dueño”. Asimismo, se señala que la universidad es, por encima de todo, un centro de investigación y enseñanza que debe crear nuevos conocimientos a favor del desarrollo del país.

Luego de los escándalos de corrupción generados a raíz del caso de la Universidad Alas peruanas, se necesitaba con urgencia discutir, finalmente, qué características tendría esta nueva ley universitaria. Sin embargo, los Congresistas Mercedes Cabanillas (APRA), Martha Hildebrandt (Alianza por el Futuro), Yonhy Lescano (Alianza Parlamentaria), Mario Alegría (APRA) y Oswaldo Luizar (Bloque Popular) votaron en contra del dictamen y, por el contrario, apoyaron la postura de Cabanillas, para quien la Ley 23733, reformada ya 20 veces, solo necesita algunos cambios más y debería seguir vigente.

De esta manera, se archiva casi 10 años de trabajo continuo por contar con una norma que adecue a la universidad peruana al ritmo de las más prestigiosas de América Latina y del mundo. ¿Por qué se pateó el diálogo sobre esta iniciativa? ¿Qué intereses están detrás? Al parecer, la mafia que gobierna buena parte de las universidades públicas y privadas ha jugado una nueva pasada en contra de la educación universitaria de calidad, porque un cambio de esta magnitud afecta directamente sus intereses

EL ANTEPROYECTO DE LEY UNIVERSITARIA PUESTO EN DISCUSIÓN

En dos infodiarios anteriores, insistimos en la necesidad de contar con una nueva ley universitaria que adecue a la universidad peruana al ritmo de las más prestigiosas de América Latina y del mundo. Ahora les presentamos las novedades que trae el anteproyecto de ley universitaria que todavía no es discutido y duerme el sueño de los justos en la Comisión de Educación del Congreso.

Este anteproyecto propone criterios similares para la creación, evaluación, acreditación y cierre de las universidades para frenar el caos originado por la existencia de diversas leyes que actualmente facilitan la creación de universidades a diestra y siniestra. De aprobarse esta ley, desaparecerían leyes especiales como el DL 882 y todas las universidades privadas deberán contar con una comunidad universitaria, para lo que deberán tener el 30% de sus profesores en situación de nombrados. De esta manera, todas las universidades formarían

parte del sistema universitario y estarían sometidas a la autoridad del mismo. Asimismo, se deja abierta la posibilidad de que cualquier universidad pueda ser cerrada sino supera las evaluaciones respectivas, lo que no ocurre actualmente.

Del mismo modo, se establecerá que las universidades otorgarán grados y títulos a nombre de cada entidad y solo las debidamente acreditadas y evaluadas las otorgarán a nombre de la nación. Esto es muy significativo porque señala que las universidades deben ganarse el derecho a dar títulos a nombre de la nación y que ello no puede suceder automáticamente por el solo hecho de existir como tales.

Por otro lado, se señala la obligatoriedad de la tesis de bachiller, como un trabajo de investigación sencillo pero indispensable para culminar la formación profesional. Para fomentar la investigación en las universidades públicas, se crearía el Sistema Nacional de Investigadores Universitarios para financiar a los profesores investigadores y el Fondo Nacional de Investigación Universitaria para financiar los proyectos de investigación. Asimismo, se establecerá el presupuesto destinado al rubro de investigación (30% de los recursos directamente recaudados y no menos del 15% presupuesto asignado por el Tesoro Público). Así, se recupera para el Perú un nivel de producción de conocimientos adecuado a las crecientes exigencias de nuestro desarrollo.

Por último, se plantea una forma de gobierno para las universidades públicas e indicativo para las privadas. Se busca separar para ello la labor ejecutiva de la deliberativa, dándoles énfasis a las autoridades elegidas de rector y decano en cada uno de sus ámbitos. Así, se establecería que la Asamblea Universitaria sería un órgano esencialmente deliberativo mientras que el Consejo Universitario sería el “gabinete” del rector para que gane en eficiencia.

En esa misma perspectiva, se crearía el Consejo Nacional de Universidades, el cual reemplazaría a la Asamblea Nacional de Rectores y desempeñaría las funciones que hoy cumple el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. Este Consejo se nombraría mediante una votación calificada de 2/3 del Congreso de la República, escogido de ternas de candidatos que presentan las universidades públicas y privadas más antiguas (cuatro miembros), las academias y colegios profesionales (dos miembros) y el Poder Ejecutivo (un miembro), con lo cual se busca darle mayor legitimidad a la autoridad universitaria tan venida a menos en los últimos años.

Esperemos que las propuestas de este anteproyecto, y todo el esfuerzo que su elaboración le ha demandado al Estado Peruano, no sean dejados de lado y nuestros legisladores pongan manos a la obra para otorgarnos una mejor ley universitaria que cubra las demandas de este importante sector.

RECUPERAR LA UNIVERSIDAD PARA EL PERÚ

La universidad peruana se encuentra abandonada. La multiplicación de estudiantes y universidades que ocurre en las últimas décadas es un fenómeno que sucede sin proyecto y sin recursos. Esta masificación responde más al clientelismo de los políticos en el caso de las instituciones estatales y al afán de lucro de algunos empresarios inescrupulosos en el caso de las privadas, que a las demandas del mercado y/o las necesidades del país. La mayor cantidad de estudiantes van a carreras baratas de “tiza y pizarra” cuyo mercado se encuentra saturado en el corto y mediano plazo, a la par que la inversión pública en investigación básica y aplicada, cuyo agente básico es la universidad, ha disminuido en 70% en los últimos 35 años.

¿Qué queda en este páramo académico? Algunos maestros que mantienen islotes de excelencia a pesar de la adversidad y algunas universidades que como excepción pueden todavía mantener el nombre de tales. En este concierto la universidad viene dejando de ser un espacio público, de debate de ideas, producción de conocimientos y especialmente pensamiento crítico sobre los problemas del Perú. La tendencia es así a convertirse en un terreno dispuesto para el asalto y la privatización, que convoca camarillas de profesores mediocres dispuestos a medrar de la pobreza en las universidades estatales, grupos radicales que insisten en el violentismo y el amedrentamiento de antaño y dueños

insolentes que engañan estudiantes, así como toman y despiden profesores y rectores a su antojo.

La salida para esta situación es recuperar la universidad como una institución pública, más allá de si sus promotores son estatales o privados. Pública en el sentido de que es una institución que da servicios públicos como la enseñanza profesional, la investigación y la proyección social. Pública, también, porque debe ser y en buena parte de nuestra vida republicana lo ha sido, una institución de encuentro entre estudiantes y académicos de distinto origen para intercambiar puntos de vista sobre los avances del conocimiento y la situación del Perú y el mundo. Pública, asimismo, porque en sus claustros se debe formar opinión sobre lo que es de todos, llámese ciudad, región, país y nación. Pública, por último, porque es manejada por su comunidad universitaria y a ella pueden acceder, vía la gratuidad en el caso de las nacionales o el crédito y las pensiones escalonadas en el de las privadas, todos los que tengan la capacidad necesaria.

La universidad es una institución indispensable y se encuentra en emergencia. Merece por tanto la atención del país y en especial de los poderes públicos. En este sentido, en los últimos cuatro años viene discutiéndose una nueva ley universitaria en el Congreso de la República que busca atacar los problemas de fondo de esta institución, tanto en sus variantes estatal como privada. Sin embargo, diversas fuerzas que hoy gozan del desorden existente, conspiran permanentemente para que no se dé ninguna ley y puedan seguir gozando de la precariedad institucional existente.

Hay necesidad que en esta coyuntura electoral el tema se ponga a debate. No hay país que haya alcanzado el desarrollo sin una inversión importante y ordenada en la producción de conocimientos y la formación profesional. Pero ello debe de darse de acuerdo y no de espaldas a lo que demanda el desarrollo del mercado y las necesidades de la población

Estafa universitaria

La semana pasada, publicamos una nota sobre cómo en la Comisión de Educación del Congreso se frustó la discusión sobre una nueva ley universitaria, pues se consideró que la actual norma solo necesitaba unos afeites y debería seguir vigente. ¿Realmente se puede construir universidad con una ley dada en 1983 cuando la realidad universitaria era otra? ¿Cuál es la situación de la universidad peruana en la actualidad?

El Perú es uno de los países de América Latina que menos invierte en educación superior. Por ejemplo, en 2002, el Perú dedicaba el 0,71% del PBI a educación superior mientras que Cuba le dedicaba el 3,27%; Bolivia, el 1,5%; Honduras, el 1,2%; Panamá, el 1,27% y Honduras y Nicaragua, el 1,2% (Ver: La Universidad en el Perú. Informe 2006). Asimismo, si comparamos el presupuesto destinado para educación universitaria respecto al presupuesto total, en 2000, siendo ya escuálido, este representaba el 1,49% mientras que en 2010 disminuyó a 1,33%. Esta situación afecta a la universidad pública porque no cuenta con los recursos necesarios para mejorar su oferta educativa.

El aumento más significativo para las universidades públicas se da en las décadas de 1960 y 1970, llegando en este período a 25 casas de estudio frente a las 35 que tenemos al 2010. Por otro lado, las universidades privadas crecen a partir de la década de 1990, pasando de 22 a 44 universidades particulares institucionalizadas, de las cuales 27 cuentan solo con autorización provisional de funcionamiento (Ver: Sistema de Información para la Gestión Universitaria).

Este crecimiento de la oferta universitaria ha originado dos hechos perversos. En primer lugar, una multiplicación de carreras con mercado saturado, pues casi todas las universidades quieren tener varias de las carreras más ofertadas. Así, de las 91 universidades que existían en 2007, 61 ofrecían la carrera de contabilidad; 55, la de ingeniería de sistemas; 61, la de administración; y 53, la de educación secundaria y derecho1. En segundo lugar, se ha registrado un declive en los gastos en investigación básica y aplicada como porcentaje del PBI. En 1975, el gasto en este rubro representaba el 0,36% mientras que en 2002 cayó al 0,10%. De esta manera, el aumento de la oferta privada no se traduce en aumento de la calidad educativa en este sector. Para muestra, veamos la la última versión del Ranking Web de Universidades del Mundo2, en la lista de las 100 mejores universidades de Latinoamérica, solo dos universidades peruanas aparecen en dicha lista: la Pontificia Universidad Católica del Perú en el puesto 27 y Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el puesto 39.

Necesitamos ordenar el desgobierno en el que se ha convertido la universidad en el Perú. Un primer paso sería recuperar el concepto de “sistema universitario” que entienda a las universidades peruanas no como islas o un archipiélago de entidades independientes lo que ha sido estimulado a partir de la ley de 1983 y otras normas sucesivas, sino como un conjunto articulado que responda a una planificación adecuada y que estimule la emulación y la cooperación entre las distintas universidades.

Esperamos que el debate sobre la necesidad de una nueva ley universitaria no siga postergado. El Congreso tiene la última palabra

http://centrofederado-derecho-unasam.blogspot.com/