De “El antiimperialismo y el APRA” al “Clientelismo y el APRA” en el sistema de justicia. Una justicia menos independiente nos dejará el segundo Gobierno de Alan García
Autor(a): David Lovatón Palacios
Introducción
“El antiimperialismo y el APRA” es el ideario ideológico del partido aprista, escrito por su fundador Víctor Raúl Haya de la Torre en la década del veinte del siglo XX, inspirado en el socialismo pero intentando encontrar una “tercera vía” “indoamericana” distante del comunismo, cuyo lema principal era “pan con libertad”. Sin embargo, casi un siglo después, de dicho antiimperialismo y socialismo queda muy poco o casi nada. En la actualidad, el segundo gobierno de Alan García se ha caracterizado por promover la inversión privada nacional y extranjera sin observar adecuados estándares ambientales o de derechos humanos, por la intolerancia frente a la crítica y las voces discrepantes –a las que ha calificado como “perros del hortelano”- y una creciente corrupción política, judicial y económica.
Ese es el origen del título del presente documento: graficar la evolución del APRA de un partido inicialmente revolucionario a un partido altamente clientelista y corrupto, en un ámbito específico como el control parcial y cooptación del sistema de justicia a través de diversas modalidades. En el presente trabajo pretendemos aproximarnos a este fenómeno y lanzar algunas hipótesis de por qué un “partido histórico”, y supuestamente democrático como el APRA, deriva en una práctica recurrente frente al sistema de justicia que, sin duda, erosiona el equilibrio de poderes y los necesarios “pesos y contrapesos” (“checks and balances”), sin los cuales arriesgamos el mismo Estado de Derecho, tal como lo han demostrado los nuevos autoritarismos en América Latina al vaciar de contenido la institucionalidad democrática capturando, entre otras, las instituciones del sistema judicial (el fujimorismo en Perú o el chavismo en Venezuela).
1. Contexto político y judicial
La Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), hoy Partido Aprista del Perú (PAP), es un partido político en el Perú fundado en 1924 en ciudad de México por un líder político histórico en el país: Víctor Raúl Haya de la Torre. Es un partido con 85 años de historia y sin duda ha sido y es un actor importante en la historia política del país; durante muchos años sus dirigentes y militantes sufrieron persecución, destierro o prisión, luego fueron oposición política, también han pactado con grupos políticos que antes los habían perseguido (la “cohabitación” con el ex dictador Manuel Odría en el siglo XX o la alianza con el fujimorismo en el siglo XXI) y han llegado al poder en dos periodos presidenciales de la mano de Alan García Pérez (1985-1990 y 2006-2011).
Partiendo de la constatación, por un lado, de la existencia de partidos políticos es esencial para el funcionamiento de la democracia representativa y, por otro lado, de la debilidad del sistema de partidos en el Perú, la presencia histórica del APRA en el escenario nacional debe ser considerada como necesaria, a pesar que su actuación no siempre ha contribuido a fortalecer el sistema democrático sino, con frecuencia, a erosionarlo, entre otros problemas, con graves actos de corrupción.
La corrupción y la ineptitud gubernamental en el primer gobierno de Alan García fueron de tal magnitud, que para ganar las elecciones presidenciales por segunda vez el año 2006, el candidato aprista tuvo que reconocer los errores del pasado y pedir una “nueva oportunidad” al país; así, en segunda vuelta electoral terminó siendo ungido Presidente como el “mal menor” frente al candidato “anti-sistema” Ollanta Humala.
Lamentablemente, ninguna investigación parlamentaria ni judicial, prosperó respecto a los actos de grave corrupción perpetrados durante el quinquenio 1985-1990 y, al caer Fujimori y Montesinos, García pudo volver al Perú a fines del 2000 debido a que la Corte Suprema declaró prescritos los delitos de corrupción que se le imputaban, archivándose definitivamente las causas judiciales en su contra. Sin duda, a esta impunidad contribuyó significativamente la “apristización” del sistema de justicia tan denunciada en las postrimerías de los ochentas y a la que hacemos referencia líneas abajo.
Por otro lado, durante los noventas, Fujimori y Montesinos sometieron y controlaron totalmente al Poder Judicial, al Ministerio Público, al Tribunal Constitucional (TC) y al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), tal como consta en un recordado vladivideo de abril de 1998 que muestra al ex asesor Vladimiro Montesinos exponiendo ante 13 congresistas y 2 ministros de entonces, en las oficinas del servicio de inteligencia, cómo habían logrado maniatar todas estas instituciones del sistema de justicia para asegurar la re-reelección de Fujimori el año 2000.
Este sometimiento y control total de las instituciones del sistema de justicia se hizo bajo el pretexto de una supuesta “reforma judicial” que se inició con la destitución por decreto-ley de gran parte de jueces y fiscales titulares inmediatamente después del autogolpe del 5 de abril de 1992, que prosiguió con la instalación de Comisiones interventoras del Poder Judicial y del Ministerio Público el año 1995 y que recién culminó con la caída del fujimorato a fines del año 2000.
Hay que reconocer que, en un inicio, Fujimori contó con el respaldo ciudadano mayoritario al adoptar estas medidas de intervención de estas instituciones[1], pues ciertamente el Poder Judicial y el Ministerio Público, antes de Fujimori, era, para decirlo sin tapujos, un desastre y muy difícil de defender, tanto en su desempeño (exasperante lentitud judicial) como en su imagen pública (lenidad, corrupción); tanto así que Fujimori re-bautizó mediáticamente al “Palacio de Justicia” (sede central del Poder Judicial) como el “Palacio de la Injusticia”.
Precisamente una de las acusaciones más serias que se endilgaba al Poder Judicial y al Ministerio Público a inicios de los noventa era su “apristización”, esto es, que durante el quinquenio 1985-1990 el APRA en el poder había logrado colocar como jueces y fiscales a muchos abogados vinculados con el partido, entre otras razones, para cubrirse las espaldas de investigaciones judiciales de corrupción o de violaciones de derechos humanos una vez que dejaran el gobierno: “… en las postrimerías del gobierno de Alan García (1985-1990) y a inicios de la década de los noventa, algunos medios de comunicación, analistas políticos y expertos, llamaban la atención respecto de la creciente injerencia e influencia aprista en los predios judiciales, en especial, a través de jueces y vocales afines a dicho grupo político, lo que impedía la investigación y juzgamiento de algunos casos de corrupción, incrementando en la ciudadanía la sensación de impunidad y consiguiente desconfianza en el sistema de justicia.”[2]
En su mensaje a la Nación por el autogolpe del 5 de abril de 1992, Fujimori justificó esta medida, entre otras razones, denunciando el “sectarismo político” en la judicatura, en clara alusión a la “apristización” de la que se hablaba.
Ante esta poco enorgullecedora historia judicial contemporánea, al caer el fujimorato y recuperarse la institucionalidad democrática, hubo un extendido consenso nacional –incluyendo a partidos políticos como el APRA que, sin duda, participaron en la transición y la Mesa de Diálogo facilitada por la OEA- que no debería volver a intervenirse el Poder Judicial ni el Ministerio Público y que todos debíamos contribuir a consolidar los pilares fundamentales del Estado de Derecho como el equilibrio de poderes y la independencia judicial. Lamentablemente, ya en el poder, el APRA no honró este compromiso que hicieron los partidos democráticos durante la transición.
2. Inicial promesa presidencial de desterrar el clientelismo en el APRA
Alan García –cuyo desastroso primer gobierno era una estremecedora sombra difícil de olvidar por millones de peruanos- logra pasar a segunda vuelta electoral con tan sólo 24% de los votos, ganando por escaso margen a la candidata de centro-derecha Lourdes Flores. Ya en segunda vuelta electoral, jugó a su favor la lógica del “mal menor” frente al candidato anti-sistema Ollanta Humala y gana las elecciones, también, por un estrecho margen: tan sólo por 700,000 votos de diferencia (tómese en cuenta que hay aproximadamente 16 millones y medio de electores en Perú). Este brevísimo recuento es para contextuar mejor este fragmento del discurso que García pronunció apenas ganó las elecciones, el 4 de junio del 2006, en el local partidario del APRA y frente a una multitud:
Alan les advertía a sus seguidores que no era un día de júbilo, sino de reflexión y contrición, y que había que dejar de lado para siempre los vicios rastreros que en el pasado le granjearon al aprismo igual repudio que censura.
"Nadie puede llegar al poder si no acepta los errores de los que es culpable. Esta vez tenemos que demostrar amplitud y convivencia. Que no se vea apetito desordenado, que no aprovechen los seudo apristas para encaramarse en la administración pública. Nada de frivolidades, nada de viajes, nada de asesorías, nada de sueldos suculentos, nada que signifique ofender al pueblo", exclamó García, ensayando un multitudinario y muy oportuno jalón de orejas (Renato Cisneros, diario El Comercio, 5 de Junio del 2006, Lima)
Así, este segundo debut de Alan García generó prudente expectativa de que había madurado, que había cambiado y que tanto él como su partido no volverían a cometer los gruesos errores del pasado. En esa línea, su primer gabinete ministerial encabezado por el ex Primer Ministro Jorge del Castillo, en efecto dio muestras de apertura política con la incorporación de algunos independientes como Ministros. Sin embargo, casi paralelamente se difundió un video (al parecer la política peruana es una “video-política”) en el que el ex Ministro aprista y ex secretario personal de Alan García, Agustín Mantilla, tranquilizaba a un grupo de militantes apristas asegurándoles que estas actitudes de apertura iban a durar sólo un año, tal vez año y medio, por una cuestión de imagen pública, pero que después los “compañeros” del partido iban a ir ocupando los cargos públicos. Hay que precisar que Mantilla fue condenado por el Poder Judicial y purgó prisión porque recibió 30,000 dólares directamente de Montesinos (hay un “vladivideo” también sobre el particular).
Lamentablemente, cuatro años después del discurso esperanzador de Alan García y de la sectaria predicción de Mantilla, consideramos que el segundo tuvo la razón. En la actualidad, en diversos sectores de la Administración Pública y del sistema de justicia, se percibe una creciente presencia de militantes apristas y preocupantes retrocesos en materia de transparencia de la información pública, según diversas denuncias periodísticas. A nivel ministerial, el APRA ha ido tomando el control de los ministerios que manejan más inversión pública para fines claramente clientelistas: transportes y vivienda o el programa de ayuda social de Foncodes. Como bien señaló premonitoriamente en una columna periodística el analista Carlos Iván Degregori hace algún tiempo: “Alan García no ha madurado, ha envejecido”.
Así es, Alan García ha demostrado en estos cuatro años de su segundo gobierno que aprendió las lecciones del mercado –ahora es un entusiasta promotor de las inversiones privadas en el país, a diferencia de su primer gobierno y enhorabuena que lo sea-, pero no las de la democracia, pues ha vuelto a incurrir en los mismos errores del pasado: cero en transparencia de la gestión pública, hostilidad e intolerancia frente al periodismo independiente y las organizaciones de sociedad civil, ataques al Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) y varios escándalos de corrupción que involucrarían a altas esferas del gobierno y del APRA (como los escándalos de los “petro-audios”, Cofopri, los patrulleros chinos o los portatropas israelíes).
En dos ocasiones, el actual Gobierno anunció por todo lo alto una lucha frontal contra la corrupción: cuando creó la Oficina Nacional Anticorrupción (ONA) –al frente de una ex magistrada proba- y el Plan anticorrupción del actual Primer Ministro Yehude Simon; la primera fue desactivada un año después sin pena ni gloria y el segundo pasó totalmente desapercibido y sin impacto alguno (inclusive, fue sancionado por indebido uso de bienes del Estado el funcionario público que, paradójicamente, tuvo a su cargo la coordinación de este Plan anticorrupción). Recientemente, el ex Contralor de la República, Genaro Matute, lanzó una iniciativa anticorrupción ya sin el empuje suficiente para revertir todo lo avanzado por la corrupción en el presente gobierno.
Al respecto, en una encuesta de opinión pública aplicada en julio del 2010 por Ipsos Apoyo por encargo del diario “El Comercio”, claramente la ciudadanía tiene la percepción que la corrupción “ha empeorado” en el segundo Gobierno de García.[3]
Partiendo de la premisa que el equilibrio de poderes (los “checks and balances”) y la independencia judicial son piezas esenciales para el control de los actos de corrupción desde el poder ¿Cuál ha sido la actitud de Alan García y del APRA ante las instituciones del sistema de justicia? ¿Ha contribuido a fortalecerlas o, por lo menos, a respetar su independencia? Ciertamente que no. Por el contrario, ha mantenido las malas costumbres del pasado: cooptar y controlar –aunque parcialmente- jueces y fiscales a través de variados mecanismos:
•La manipulación de los procesos de designación parlamentaria de magistrados del Tribunal Constitucional.
•Promover que lleguen a la judicatura o al Consejo Nacional de la Magistratura, candidatos de filiación o familia aprista. La anulación del concurso para fiscales supremos por parte del CNM en febrero del 2010 por estar plagado de irregularidades, fue una clara muestra de esta manipulación desde el poder.
•Permitir que conocidos operadores de justicia (jueces, fiscales o abogados litigantes) mantengan sus redes de corrupción, a cambio de determinados favores judiciales. El actual Presidente de la Corte Superior de Lima, César Vega Vega, se mantiene en el cargo a pesar que en el 2009 se difundió un video en el que aparece en un mitin partidario del APRA.
•Presionar indirectamente a jueces y fiscales para influir en sus decisiones. Estas presiones pueden ser políticas, presupuestales, familiares, ofrecimiento de favores o privilegios, entre otros. El caso de los “petro-audios” no avanza a pesar de la gravedad de lo ocurrido y del tiempo transcurrido; por el contrario, las investigaciones están trabadas por mutuas acusaciones entre el Poder Judicial y el Ministerio Pública por la supuesta desaparición de la información electrónica incautada.
El segundo Gobierno de Alan García nos dejará una justicia menos independiente
¿Por qué en América Latina movimientos políticos históricos y con raigambre popular como el priismo, peronismo o el aprismo, han incurrido tradicionalmente en vedadas prácticas de clientelismo político?
En el caso del APRA y sus malas prácticas con la justicia, que ha vuelto a mostrar en este segundo gobierno (2006-2011), consideramos que ello es reflejo de su filosofía política: todo es objeto de disputa, todo es objeto de negociación, también la justicia. Si cooptar o controlar por presiones directas o indirectas a jueces o fiscales, o con dádivas o prebendas, va a significar menos investigaciones judiciales, menos denuncias fiscales en contra, entonces la cooptación o control de la justicia está justificado. Por otro lado, si cooptar o controlar va a significar más ataques -y más potentes- contra los rivales políticos, entonces está bien. Impunidad y ataque son pues los estandartes que justifican su vedada intervención en la justicia en el caso del APRA en Perú.
Esta lógica partidaria es, sin embargo, tan sólo una cara de la moneda. La otra es el dar empleo a sus militantes, ofrecerles beneficios económicos; razones poderosas sobre todo en un país en el que el desempleo y subempleo de los abogados es muy grande. Así, el APRA logra la simbiosis y reciprocidad perfecta del clientelismo latinoamericano en la justicia peruana: “te consigo empleo como juez, fiscal o procurador público y, a cambio, tú me ayudarás a proteger al partido y sus dirigentes frente a denuncias e investigaciones”. Por lo general, esta relación clientelar funciona con abogados que, de otra manera, no tendrían posibilidad alguna de acceder a un cargo público tan importante como el de juez o fiscal. Ciertamente, hay excepciones que confirman esta regla, como es el caso del ex Presidente del Tribunal Constitucional, el profesor universitario Víctor García Toma que, siendo un conocido militante aprista, durante su gestión como magistrado hizo prevalecer su lealtad institucional con el TC por encima de su lealtad partidaria, ganándose, por cierto, la ojeriza de la dirigencia aprista. En la actualidad es Ministro de Justicia y, nuevamente, a sabiendas de tu militancia aprista, fue consenso en diversos sectores políticos y de sociedad civil que llegaba al cargo una persona honesta.
¿Tiene solución esta tendencia atávica –y nada democrática- del APRA de meter las manos en la justicia? Es importante hacerse esta pregunta porque, volviendo a la premisa inicial de este documento, en un sistema plural de partidos políticos como el que deseamos para el Estado de Derecho, no es descabellado pensar que –más allá de simpatías o antipatías- el APRA vuelva a ser gobierno en el futuro. En ese sentido, ¿es posible pensar que las nuevas generaciones de apristas podrán desprenderse de esta filosofía política perversa respecto a la justicia? ¿Es posible pensar que en el debate político puedan ser convencidos que el APRA debe madurar democráticamente respecto a la justicia? En nuestra opinión, si el APRA no aprendió nada del traumático control político de la justicia que llegaron a ejercer Fujimori y Montesinos durante los noventas, entonces creemos que no; el propio Presidente Alan García y su familia fueron víctimas del férreo control que Fujimori y Montesinos ejercieron sobre la justicia a partir del golpe de Estado del 5 de abril de 1992, al negarse el Poder Judicial a recibir un hábeas corpus que su esposa y su abogado pretendieron presentar a favor de él.
La política es el mundo de lo posible, no de lo deseable y, por ende, lo que prevalecen, lamentablemente muchas veces, no son los principios sino los intereses. Si al APRA le va a seguir resultando rendidor cooptar o controlar parcialmente la justicia, lo va a seguir intentando cada vez que tenga el poder o la oportunidad. En consecuencia, ante lo escasamente probable de un auto-control partidario, creemos que la solución es externa a los partidos, esto es, que la imposición de drásticas sanciones legales o políticas o la derivación de graves consecuencias sea de tal costo político, electoral y social para el APRA o para cualquier otro partido, que en su balance de costo-beneficio, resulten demasiado onerosas sus prácticas clientelares en el sistema de justicia.
Por un lado, el sistema de justicia debería contemplar sanciones drásticas en contra de los jueces y fiscales con probadas vinculaciones –directas o indirectas- con los partidos políticos, como la destitución por parte del Consejo Nacional de la Magistratura, bajo la premisa que ello afecta un pilar fundamental de la impartición de justicia en todo Estado de Derecho como la independencia; para tal efecto, un conjunto de indicios probatorios debería ser, en estos casos, suficiente.
En el ámbito político, las fuerzas políticas con representación en el Parlamento deberían imponer sanciones drásticas contra aquellos que incurran en estas vedadas prácticas en la justicia, como la inhabilitación para ocupar cualquier puesto público hasta por diez años (que es lo que contempla la Constitución peruana). Es cierto que estas sanciones dependerán –a la vez- de la negociación entre los diversos grupos parlamentarios, lo que lo hace muy incierto; sin embargo, la aparición de otro partido que se plantee cumplir el papel de contrapeso al APRA y denunciar su injerencia en la justicia, sí podría contribuir.
Finalmente, en el ámbito ciudadano queda la responsabilidad de investigar y denunciar hechos concretos de esta cooptación y control parcial de la justicia, por un lado, a través de investigaciones periodísticas independientes y, por otro lado, a través de organizaciones de sociedad civil como ONG, universidades o colegios profesionales, con la permanente fiscalización de los procesos de selección de magistrados y seguimiento de las decisiones judiciales y fiscales, que pueden arrojar indicios de estas vedadas prácticas clientelares.
En síntesis, el balance del equipo de Justicia Viva del Instituto de Defensa Legal (IDL), es que el Presidente Alan García nos dejará en julio del 2011 una justicia menos independiente del poder político de la que recibió. Diversos indicios probatorios, casos de corrupción no sancionados (caso “petroaudios”), la injerencia partidaria en procesos de selección de magistrados y el cambio de criterios jurisprudenciales en casos “sensibles” al poder de turno (como el caso “El Frontón” o los casos de derechos humanos antes la Sala Penal Nacional), nos llevan a esa conclusión. Sin duda, esto constituye un grave retroceso en el fortalecimiento del estado de derecho en nuestro país, uno de cuyos pilares debe ser la independencia judicial. Creemos, además, que esa es una de las poderosas razones por las que la corrupción ha campeado en el presente Gobierno.
Con ello no queremos dar a entender que durante el Gobierno anterior de Alejandro Toledo hubo una prístina independencia judicial; también hubo intentos de injerencia política en la justicia (como el caso del vocal supremo Silva Vallejo, que fue destituido por asistir a la casa del Presidente cuando estaba juzgando un caso que involucraba al Jefe de Estado), pero -sea por debilidad partidaria o por convicción- lo cierto es que se dieron pasos importantes en el fortalecimiento de la independencia judicial y en la sanción de algunos intentos de corrupción e injerencia política; muestra de ello son, entre otros, un Tribunal Constitucional que en pocos años se ganó el respeto de la comunidad jurídica con sus fallos, la Sala Penal Nacional o el sub-sistema judicial anticorrupción. En cambio, en estos tres ámbitos ha habido, durante el Gobierno de García, notorios retrocesos.
Por otro lado, también es evidente que el sistema de justicia sigue sin mostrar avances significativos –ni en el actual Gobierno ni en el anterior-, por un lado, frente a las presiones, injerencias y corruptelas frente a los poderes fácticos, tanto lícitos como ilícitos y, por otro lado, en la solución y agilización de la gran carga procesal que el Poder Judicial sigue acumulando.
Si el APRA quiere corregir en algo esta segunda mala performance en materia de justicia, debería intentar al menos –en su último año de gobierno- contribuir a que el Parlamento elija a dos juristas independientes y de gran trayectoria profesional al TC (para que recupere la legitimidad muy venida a menos en los últimos años), dejar de presionar y atacar –a través del ministro de Defensa Rafael Rey o el vicepresidente Luis Giampietri- a los fiscales y jueces que están investigando y juzgando casos de violaciones de derechos humanos, permitir que el nuevo CNM designe a nuevos jueces y fiscales libre de presiones partidarias, entre otras medidas en una dirección similar.
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[1] La encuestadora Datum arrojó que 95% de los encuestados se mostraron a favor de la intervención del Poder Judicial, en tanto Apoyo arrojó un 89% de respaldo ciudadano. En: Lovatón Palacios, David, Cambios en el sistema de justicia y sociedad civil en Perú (1990-2002), Informe de Perú, En: Pásara. Luis (et al.), Justicia y sociedad civil, El papel de la sociedad civil en la reforma judicial: estudios de casos en Argentina, Chile, Colombia y Perú, CEJA, Buenos Aires, 2003, p. 358.
[2] Lovatón Palacios, David, Cambios en el sistema de justicia y sociedad civil en Perú (1990-2002), Informe de Perú, En: ob. Cit., p. 357.
[3] Diario “El Comercio” del 19 de julio del 2010, p. a6.
