DIZQUE UNIVERSIDADES

Disfrazado de un Decreto Legislativo con el fin de incentivar la inversión privada en la educación, el Decreto No 882, presentado durante la dictadura fujimorista, ha permitido que universidades que no merecen el rótulo se alcen a diestra y siniestra en todo el país. El escándalo develado hace pocas semanas respecto a la Universidad Alas Peruanas pone en relieve el lamentable estado de la educación superior en el Perú y la existencia de “dizque universidades” que no cuentan con la calidad educativa necesaria para ser consideradas como tales.

Según las estadísticas de la Asamblea Nacional de Rectores, que lamentablemente se encuentran actualizadas solo hasta el 2006, en el Perú existen alrededor de 100 universidades. En Lima metropolitana hay 22 universidades institucionalizadas, entre públicas y privadas, y 10 universidades con autorización provisional. Cabe mencionar que desde la creación del Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades (CONAFU), en enero de 1995, se ha autorizado el funcionamiento definitivo de 12 universidades en 14 años. Pero, lo más increíble, es que solo se han reconocido 34 filiales universitarias a nivel nacional, y actualmente ¡funcionan clandestinamente más de 500! Como vemos, la CONAFU no ha cumplido su deber.

Como si fuera poco, en el Perú no tenemos, a diferencia de otros países, un Sistema Nacional de Acreeditación autónomo. El Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE), a través de su brazo universitario el Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Educación Superior Universitaria (CONEAU), carece de la autonomía y el personal competente, razón por la cual el establecimiento de los estándares y los procesos de evaluación de las universidades no solo no son claros, sino tampoco idóneos, tal como se manifiesta en su actual intento de evaluación de las facultades de educación.

En este contexto, saludamos el Proyecto de Ley No 2340/2007-CR propuesto por Mercedes Cabanillas, parlamentaria aprista, pues resulta una iniciativa positiva ya que propone suspender el mencionado decreto fujimorista a fin de frenar el surgimiento de universidades empresa que no imparten una educación de calidad, ni desarrollan la investigación universitaria. Este Proyecto de Ley no solo propone la suspensión del Decreto No 882, sino que además sugiere que tanto las universidades nuevas como aquellas creadas al amparo del decreto fujimorista, sean aprobadas por la CONAFU para funcionar.

La iniciativa es positiva, sin embargo, cabe señalar un posible error en la propuesta pues se le da al CONAFU la facultad de evaluar las universidades creadas y señalar los estándares para las futuras universidades cuando ya lo han venido haciendo y con muy poco éxito. Como propone Nicolás Lynch, sería mejor ceder esta potestad a una comisión de expertos sin intereses y no se puede tratar de un espacio dirigido por ex rectores. Sin universidades de calidad, el Perú seguirá atrasado en Educación y esa factura la pagamos, a diario, todos los peruanos.

VUELVEN A GANAR LAS MAFIAS

El martes pasado ocurrió un hecho que ensombrece el camino hacia una educación universitaria de calidad en el país. En la Comisión de Educación del Congreso se archivó el predictamen que propone una nueva ley universitaria. Esta propuesta fue un esfuerzo por sintetizar 15 proyectos de ley presentados a lo largo de los dos últimos periodos congresales y que ha sido discutida en una docena de audiencias públicas nacionales en los últimos años. Entonces, ¿por qué no se ha querido discutir?

Esta historia comienza en 2001, cuando se promueve el proyecto de Segunda Reforma Universitaria con el desafío de construir un sistema universitario de calidad. Mediante la Resolución Suprema, se crea la Comisión Nacional por la Segunda Reforma Universitaria (CNSRU), que preparó un Anteproyecto de Ley Universitaria y un diagnóstico sobre la situación de la universidad.

Entre 2004 y 2006, se llevaron a cabo foros públicos en diferentes universidades de Lima y provincias para discutir los pormenores de la propuesta de ley universitaria que debería reemplazar a la ley 23733 promulgada en 1983. Estos foros se constituyeron en espacios de encuentro y discusión entre representantes de la comunidad universitaria y de la sociedad civil, cuyos aportes enriquecieron las contribuciones realizadas por la CNSRU.

Estas contribuciones fueron recogidas por la actual Comisión de Educación del Congreso que organiza nuevas reuniones de consulta en Lima y en el interior del país, para llegar a un predictamen que plantea, entre otras cosas, principios y normas que deberán presidir a todas las universidades sin distingo sobre su origen. Recordemos que, actualmente, las universidades públicas se rigen por la ley 23733 mientras que la mayoría de las privadas lo hacen mediante el DL 882 promulgado durante el gobierno de Fujimori, que crea las “universidades con dueño”. Asimismo, se señala que la universidad es, por encima de todo, un centro de investigación y enseñanza que debe crear nuevos conocimientos a favor del desarrollo del país.

Luego de los escándalos de corrupción generados a raíz del caso de la Universidad Alas peruanas, se necesitaba con urgencia discutir, finalmente, qué características tendría esta nueva ley universitaria. Sin embargo, los Congresistas Mercedes Cabanillas (APRA), Martha Hildebrandt (Alianza por el Futuro), Yonhy Lescano (Alianza Parlamentaria), Mario Alegría (APRA) y Oswaldo Luizar (Bloque Popular) votaron en contra del dictamen y, por el contrario, apoyaron la postura de Cabanillas, para quien la Ley 23733, reformada ya 20 veces, solo necesita algunos cambios más y debería seguir vigente.

De esta manera, se archiva casi 10 años de trabajo continuo por contar con una norma que adecue a la universidad peruana al ritmo de las más prestigiosas de América Latina y del mundo. ¿Por qué se pateó el diálogo sobre esta iniciativa? ¿Qué intereses están detrás? Al parecer, la mafia que gobierna buena parte de las universidades públicas y privadas ha jugado una nueva pasada en contra de la educación universitaria de calidad, porque un cambio de esta magnitud afecta directamente sus intereses

EL ANTEPROYECTO DE LEY UNIVERSITARIA PUESTO EN DISCUSIÓN

En dos infodiarios anteriores, insistimos en la necesidad de contar con una nueva ley universitaria que adecue a la universidad peruana al ritmo de las más prestigiosas de América Latina y del mundo. Ahora les presentamos las novedades que trae el anteproyecto de ley universitaria que todavía no es discutido y duerme el sueño de los justos en la Comisión de Educación del Congreso.

Este anteproyecto propone criterios similares para la creación, evaluación, acreditación y cierre de las universidades para frenar el caos originado por la existencia de diversas leyes que actualmente facilitan la creación de universidades a diestra y siniestra. De aprobarse esta ley, desaparecerían leyes especiales como el DL 882 y todas las universidades privadas deberán contar con una comunidad universitaria, para lo que deberán tener el 30% de sus profesores en situación de nombrados. De esta manera, todas las universidades formarían

parte del sistema universitario y estarían sometidas a la autoridad del mismo. Asimismo, se deja abierta la posibilidad de que cualquier universidad pueda ser cerrada sino supera las evaluaciones respectivas, lo que no ocurre actualmente.

Del mismo modo, se establecerá que las universidades otorgarán grados y títulos a nombre de cada entidad y solo las debidamente acreditadas y evaluadas las otorgarán a nombre de la nación. Esto es muy significativo porque señala que las universidades deben ganarse el derecho a dar títulos a nombre de la nación y que ello no puede suceder automáticamente por el solo hecho de existir como tales.

Por otro lado, se señala la obligatoriedad de la tesis de bachiller, como un trabajo de investigación sencillo pero indispensable para culminar la formación profesional. Para fomentar la investigación en las universidades públicas, se crearía el Sistema Nacional de Investigadores Universitarios para financiar a los profesores investigadores y el Fondo Nacional de Investigación Universitaria para financiar los proyectos de investigación. Asimismo, se establecerá el presupuesto destinado al rubro de investigación (30% de los recursos directamente recaudados y no menos del 15% presupuesto asignado por el Tesoro Público). Así, se recupera para el Perú un nivel de producción de conocimientos adecuado a las crecientes exigencias de nuestro desarrollo.

Por último, se plantea una forma de gobierno para las universidades públicas e indicativo para las privadas. Se busca separar para ello la labor ejecutiva de la deliberativa, dándoles énfasis a las autoridades elegidas de rector y decano en cada uno de sus ámbitos. Así, se establecería que la Asamblea Universitaria sería un órgano esencialmente deliberativo mientras que el Consejo Universitario sería el “gabinete” del rector para que gane en eficiencia.

En esa misma perspectiva, se crearía el Consejo Nacional de Universidades, el cual reemplazaría a la Asamblea Nacional de Rectores y desempeñaría las funciones que hoy cumple el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. Este Consejo se nombraría mediante una votación calificada de 2/3 del Congreso de la República, escogido de ternas de candidatos que presentan las universidades públicas y privadas más antiguas (cuatro miembros), las academias y colegios profesionales (dos miembros) y el Poder Ejecutivo (un miembro), con lo cual se busca darle mayor legitimidad a la autoridad universitaria tan venida a menos en los últimos años.

Esperemos que las propuestas de este anteproyecto, y todo el esfuerzo que su elaboración le ha demandado al Estado Peruano, no sean dejados de lado y nuestros legisladores pongan manos a la obra para otorgarnos una mejor ley universitaria que cubra las demandas de este importante sector.

RECUPERAR LA UNIVERSIDAD PARA EL PERÚ

La universidad peruana se encuentra abandonada. La multiplicación de estudiantes y universidades que ocurre en las últimas décadas es un fenómeno que sucede sin proyecto y sin recursos. Esta masificación responde más al clientelismo de los políticos en el caso de las instituciones estatales y al afán de lucro de algunos empresarios inescrupulosos en el caso de las privadas, que a las demandas del mercado y/o las necesidades del país. La mayor cantidad de estudiantes van a carreras baratas de “tiza y pizarra” cuyo mercado se encuentra saturado en el corto y mediano plazo, a la par que la inversión pública en investigación básica y aplicada, cuyo agente básico es la universidad, ha disminuido en 70% en los últimos 35 años.

¿Qué queda en este páramo académico? Algunos maestros que mantienen islotes de excelencia a pesar de la adversidad y algunas universidades que como excepción pueden todavía mantener el nombre de tales. En este concierto la universidad viene dejando de ser un espacio público, de debate de ideas, producción de conocimientos y especialmente pensamiento crítico sobre los problemas del Perú. La tendencia es así a convertirse en un terreno dispuesto para el asalto y la privatización, que convoca camarillas de profesores mediocres dispuestos a medrar de la pobreza en las universidades estatales, grupos radicales que insisten en el violentismo y el amedrentamiento de antaño y dueños

insolentes que engañan estudiantes, así como toman y despiden profesores y rectores a su antojo.

La salida para esta situación es recuperar la universidad como una institución pública, más allá de si sus promotores son estatales o privados. Pública en el sentido de que es una institución que da servicios públicos como la enseñanza profesional, la investigación y la proyección social. Pública, también, porque debe ser y en buena parte de nuestra vida republicana lo ha sido, una institución de encuentro entre estudiantes y académicos de distinto origen para intercambiar puntos de vista sobre los avances del conocimiento y la situación del Perú y el mundo. Pública, asimismo, porque en sus claustros se debe formar opinión sobre lo que es de todos, llámese ciudad, región, país y nación. Pública, por último, porque es manejada por su comunidad universitaria y a ella pueden acceder, vía la gratuidad en el caso de las nacionales o el crédito y las pensiones escalonadas en el de las privadas, todos los que tengan la capacidad necesaria.

La universidad es una institución indispensable y se encuentra en emergencia. Merece por tanto la atención del país y en especial de los poderes públicos. En este sentido, en los últimos cuatro años viene discutiéndose una nueva ley universitaria en el Congreso de la República que busca atacar los problemas de fondo de esta institución, tanto en sus variantes estatal como privada. Sin embargo, diversas fuerzas que hoy gozan del desorden existente, conspiran permanentemente para que no se dé ninguna ley y puedan seguir gozando de la precariedad institucional existente.

Hay necesidad que en esta coyuntura electoral el tema se ponga a debate. No hay país que haya alcanzado el desarrollo sin una inversión importante y ordenada en la producción de conocimientos y la formación profesional. Pero ello debe de darse de acuerdo y no de espaldas a lo que demanda el desarrollo del mercado y las necesidades de la población

Estafa universitaria

La semana pasada, publicamos una nota sobre cómo en la Comisión de Educación del Congreso se frustó la discusión sobre una nueva ley universitaria, pues se consideró que la actual norma solo necesitaba unos afeites y debería seguir vigente. ¿Realmente se puede construir universidad con una ley dada en 1983 cuando la realidad universitaria era otra? ¿Cuál es la situación de la universidad peruana en la actualidad?

El Perú es uno de los países de América Latina que menos invierte en educación superior. Por ejemplo, en 2002, el Perú dedicaba el 0,71% del PBI a educación superior mientras que Cuba le dedicaba el 3,27%; Bolivia, el 1,5%; Honduras, el 1,2%; Panamá, el 1,27% y Honduras y Nicaragua, el 1,2% (Ver: La Universidad en el Perú. Informe 2006). Asimismo, si comparamos el presupuesto destinado para educación universitaria respecto al presupuesto total, en 2000, siendo ya escuálido, este representaba el 1,49% mientras que en 2010 disminuyó a 1,33%. Esta situación afecta a la universidad pública porque no cuenta con los recursos necesarios para mejorar su oferta educativa.

El aumento más significativo para las universidades públicas se da en las décadas de 1960 y 1970, llegando en este período a 25 casas de estudio frente a las 35 que tenemos al 2010. Por otro lado, las universidades privadas crecen a partir de la década de 1990, pasando de 22 a 44 universidades particulares institucionalizadas, de las cuales 27 cuentan solo con autorización provisional de funcionamiento (Ver: Sistema de Información para la Gestión Universitaria).

Este crecimiento de la oferta universitaria ha originado dos hechos perversos. En primer lugar, una multiplicación de carreras con mercado saturado, pues casi todas las universidades quieren tener varias de las carreras más ofertadas. Así, de las 91 universidades que existían en 2007, 61 ofrecían la carrera de contabilidad; 55, la de ingeniería de sistemas; 61, la de administración; y 53, la de educación secundaria y derecho1. En segundo lugar, se ha registrado un declive en los gastos en investigación básica y aplicada como porcentaje del PBI. En 1975, el gasto en este rubro representaba el 0,36% mientras que en 2002 cayó al 0,10%. De esta manera, el aumento de la oferta privada no se traduce en aumento de la calidad educativa en este sector. Para muestra, veamos la la última versión del Ranking Web de Universidades del Mundo2, en la lista de las 100 mejores universidades de Latinoamérica, solo dos universidades peruanas aparecen en dicha lista: la Pontificia Universidad Católica del Perú en el puesto 27 y Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el puesto 39.

Necesitamos ordenar el desgobierno en el que se ha convertido la universidad en el Perú. Un primer paso sería recuperar el concepto de “sistema universitario” que entienda a las universidades peruanas no como islas o un archipiélago de entidades independientes lo que ha sido estimulado a partir de la ley de 1983 y otras normas sucesivas, sino como un conjunto articulado que responda a una planificación adecuada y que estimule la emulación y la cooperación entre las distintas universidades.

Esperamos que el debate sobre la necesidad de una nueva ley universitaria no siga postergado. El Congreso tiene la última palabra

http://centrofederado-derecho-unasam.blogspot.com/

EL VOTO UNIVERSAL PARA RECTORES Y DECANOS ¿SOLUCION AL PROBLEMA UNIVERSITARIO?

¿Los universitarios deben elegir directamente al rector y los decanos de sus centros de estudios? La ley que lo dispone, aprobada recientemente en el Congreso, genera posiciones divididas. Por un lado, profesores y alumnos la enarbolan como el antídoto a la corrupción enquistada en los órganos de gobierno; y por el otro, las autoridades hablan de politización innecesaria.

Por Ghiovani Hinojosa

El miedo a la democracia

A Carlos Rodríguez, estudiante del décimo ciclo de la Facultad de Letras de la Universidad San Marcos, le apesta la política. Dice que es vox pópuli entre sus amigos que hay un círculo vicioso de delegados que se mantiene en el poder y que intercambia roles cuando se avecinan tiempos electorales. No sabe más. “Prefiero dedicarme dos veces a la semana a internarme todo el día en la biblioteca para buscar libros para mi tesis”, se sincera. Por eso, en los últimos comicios internos, vició su voto, “porque estaba totalmente desconectado”. Así como él, miles de sanmarquinos se mantienen desenchufados de un entorno altamente politizado: las cifras oficiales del 2009 (las de este año todavía no las publica el Comité Electoral, algo irregular) muestran que, en el caso de Letras, la lista de alumnos que ganó en el tercio estudiantil obtuvo solo el 12% de los votos (se calcula que cerca del 80% de estudiantes de esta facultad votó viciado o en blanco). En estas condiciones, ¿qué tipo de legitimidad tienen los representantes estudiantiles? ¿Acaso esta experiencia no demuestra que el sistema de voto indirecto pende de un hilo?

Por eso sorprende, afirma el sociólogo y catedrático Sinesio López, que la politización de las universidades sea el principal argumento de aquellos que se oponen a la Ley que Democratiza las Elecciones de las Autoridades de la Universidad Peruana, aprobada por el Pleno del Congreso el 23 de junio. Como se sabe, esta norma da a los alumnos y profesores la posibilidad de elegir directamente –sin la intermediación de la asamblea universitaria y los consejos de facultad– al rector y los decanos, respectivamente. Es que, según López, las universidades ya están politizadas, pero soterradamente. Esto se refiere a que, en centros de estudios como San Marcos, los aspirantes a decanos despliegan propaganda electoral y negocian votos favorables con los docentes representantes y el tercio estudiantil. “Con la nueva ley, la política saldrá a la luz. Las propuestas de los candidatos se conocerán con toda claridad. Se espera que los universitarios sean ciudadanos informados; y que, al tener elecciones más abiertas, abandonen la indiferencia. Las pequeñas minorías activas que por años controlaron la universidad perderán su poder”, explica.

El miércoles pasado, el presidente de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) y rector de la Universidad Ricardo Palma, Iván Rodríguez, declaró en conferencia de prensa: “El sistema vigente no hace de la elección de autoridades una campaña electoral porque todos los profesores principales que reúnen los requisitos para ser rector son candidatos, es un sistema de cónclave aplicado en una asamblea. No es que uno previamente se inscribe y hace campaña para que lo conozcan, no conquista votos ni expone programas. Este es el régimen clásico de universidades del mundo”. Si bien la descripción de Rodríguez no se ajusta a la realidad de las universidades públicas, sí encarna el temor por la eventual alteración de la vida académica que ocasionarían los comicios universales. Debates permanentes, ofrecimientos demagógicos de los candidatos e infiltración de extremistas, caracterizarían, según algunas autoridades universitarias, la elección del rector, los vicerrectores y los decanos. Para los defensores de la ley la cosa es simple: Iván Rodríguez y su entorno de rectores y decanos temen por el futuro de sus puestos.

El consenso por el cambio ya existía

•La indignación que han mostrado, en coro unánime, la Asamblea Nacional de Rectores, el ministro de Educación, José Antonio Chang, y algunos líderes de opinión, frente a la ley del voto universal en las universidades, contrasta con el optimismo con que se debatía esta propuesta en el sector educativo hace pocos años. Zenón Depaz, director de la Escuela de Filosofía de San Marcos, recuerda que, primero el 2002, durante la gestión del ex ministro Nicolás Lynch, y luego entre el 2005 y 2006, con el respaldo del ex titular de Educación Javier Sota Nadal, se realizó una serie de foros descentralizados en todo el país con la participación de estudiantes y autoridades universitarias, gobiernos regionales y empresarios.

“Por esos días se llegó a un consenso en relación a que los mecanismos de representación en la universidad eran inadecuados, pues favorecían la corrupción. El voto universal era una exigencia muy sentida, y la mayoría estaba de acuerdo con implementarlo”, rememora. Entonces, ¿por qué la posición oficial del ministerio ha variado? “Por presión de la ANR, que es una suerte de sindicato de rectores. Ellos defienden sus propios intereses: si no, cómo explicar que, mientras critican el sistema de votación universal, defienden el fraude que acaba de ocurrir en San Marcos”, responde Depaz. En efecto, el pronunciamiento escrito que difundieron los rectores el domingo pasado señala en el punto cuatro: “(Rechazamos) el ataque de que están siendo objeto las universidades nacionales de Lima y de provincias y de manera especial la desatada contra la UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS y su rector doctor Luis Izquierdo Vásquez por el maltrato que se le ha inferido en esta campaña”. ¿Cómo es posible que la ANR tome posición a favor de Izquierdo si todavía no existen certezas sobre las presuntas irregularidades en la elección de docentes a la asamblea universitaria de mayo pasado (la acusación la investiga hoy la Fiscalía, ya que el Comité Electoral se negó a admitir la denuncia)?

¿Qué pasará en las privadas?

•La ley que instituye el voto universal en las universidades del país se hizo de la noche a la mañana. La debatió la Comisión de Educación del Parlamento la noche del martes 22 de junio y la aprobó el Pleno el día siguiente. Para los rectores, no solo se trata de una norma improvisada, sino también inconsulta, pues no les pidieron opinión sobre el tema. El hecho es que, si bien limita el poder de los órganos de gobierno (disminuye el número de miembros de la asamblea universitaria de 114 a 36; del consejo universitario, de 40 a 12; y de los consejos de facultad, de 20 a 9), la ley recientemente aprobada es imprecisa sobre su aplicación en las universidades privadas (el Artículo 1 habla de la “universidad peruana” en general). Werner Cabrera, presidente de la Comisión de Educación, precisa que el régimen propuesto afecta, además de las públicas, a las universidades privadas sin fines de lucro (Católica, Lima, San Martín, Pacífico) y no a las que están constituidas como sociedades anónimas o empresas (UPC, San Ignacio, César Vallejo y Alas Peruanas).

“Yo aconsejé a algunos congresistas de la Comisión de Educación, que, por un asunto de viabilidad política, la ley solo se ocupara de las universidades públicas. Es que el sector privado ve en la ley una amenaza, aun cuando no tiene por qué, pues se supone que las universidades privadas sin fines de lucro no tienen dueño o, mejor dicho, sus dueños son todos los miembros de la comunidad universitaria”, reflexiona Zenón Depaz. En cualquier caso, este encuentro de posiciones puede ser el punto de partida para retomar el debate sobre la Nueva Ley Universitaria (que contempla aspectos centrales como el defensor universitario, el Consejo Nacional de Universidades y programas de impulso a la investigación), entrampado en el Congreso desde el 2001. Todos quisiéramos decir: en educación, el Perú avanza.

Datos

32,800 alumnos de pregrado y posgrado elegirían directamente al nuevo rector de San Marcos en mayo próximo.

3,500 docentes sanmarquinos votarían por el nuevo rector. La última ley no prevé el voto del personal administrativo y los graduados.

Congreso aprueba voto universal en universidades

Elección. El Congreso de la República aprobó hoy el proyecto de ley que reforma la Ley Universitaria para democratizar la elección de las principales autoridades de la universidad peruana, mediante el voto universal, transparente, obligatorio, directo, secreto y ponderado por la comunidad universitaria.

El proyecto fue sancionado, en primera votación, con 57 votos a favor, 19 en contra y ninguna abstención.

Quedó expedito para su promulgación al ser exonerado de segunda votación con 56 votos a favor, 20 en contra y una abstención.

¿que pasa en San Marcos'

Algunos analistas plantean combatir políticamente a los grupos radicales que han reaparecido en San Marcos, y rechazan cualquier intervención militar. ¿Cuál es su posición?

Entrevista a Manuel Burga. Historiador y ex rector de la Universidad Mayor de San Marcos. Sostiene que recuperar la autoridad es crucial y que el debate político es la mejor carta para derrotar a fuerzas extremistas en las aulas. Nota relacionada

Una intervención militar en las universidades es absurda. Una intervención del Estado a través del Ministerio del Interior, también, porque no hay condiciones. Cuando se intervinieron las universidades en el régimen de Fujimori había una condición de violación flagrante de la democracia. Mejor es tratar de establecer un debate político. Yo invitaría al señor Fajardo (abogado de Abimael Guzmán) a salir de la universidad, que es un espacio de estudios e investigación, y no para la militancia política.

¿Los estudiantes están preparados para confrontarlos?

Ya se ha producido una respuesta de los estudiantes de la Facultad de Letras, que se opusieron a este grupo que portaba las banderas. Creo que los estudiantes de otras facultades van a tener posiciones semejantes. No hay que confundir a los sectores politizados, con parientes en carcelería por terrorismo, que son una minoría, en comparación con la mayoría de estudiantes que ahora probablemente van a ver afectada su imagen. Lo mejor que tiene San Marcos es la capacidad de sus estudiantes.

¿En qué momento esta situación se escapó de las manos de las autoridades? Estos grupos han tomado el control del comedor universitario y de la residencia estudiantil...

Porque han conciliado con ellos en una suerte de sutil relación de convivencia. Les dieron un espacio, incluso se llegó al extremo de suprimir el centro de cómputo, que era abierto para todos, para convertirlo en residencia estudiantil. El comedor y la residencia deben estar al servicio de los estudiantes que más necesitan, pero no puede estar en manos de movimientos radicales para hacer proselitismo y reclutar clientelas. Eso es un error, es un estilo que lo llaman ‘liberar un territorio’ para que ese territorio sea mío y todos los que viven dentro también. Eso no es democracia y hay que erradicarlo de San Marcos.

Es irresponsable...

Es una forma de terrorismo, e irresponsabilidad de quienes lo permiten. Aquí hay que hacer una campaña para revelar que esto no es democracia.

¿Por qué resurge la apología senderista en San Marcos?

Es producto del desgobierno, del desorden, de la falta de legitimidad de las autoridades. Decanos elegidos de manera irregular, hace que todos pierdan autoridad y que aparezcan con mayor visibilidad grupos de este tipo.

¿Cómo ocurre?

Si la autoridad central pierde legitimidad, las facultades empiezan a funcionar con espacios autónomos, con sus propios conflictos. Eso ha creado una situación difícil de conducir en la universidad.

Sin embargo, los servicios de inteligencia de las FFAA han detectado acciones de apología senderista en otras dos universidades públicas.

Los gobiernos universitarios en este momento son muy frágiles, muy proclives a establecer alianzas con los tercios que gobiernan. Para su elección dependen de alianzas que a veces son espurias. Hay que modificar el sistema de elección de las universidades. La solución es elegir a las autoridades a través del voto universal, (porque) así no habrá componendas, conciliábulos ni compra de votos...

Lo que supuestamente se lograría con la aprobación de la promocionadísima nueva Ley Universitaria...

Creo que sí. Con esta nueva ley el sistema de elección sería más transparente y democrático para evitar las intermediaciones que terminan en venta de votos y manipulaciones. Los radicales se escudan en la palabra radical para no mostrar su rostro verdadero.

“(SL) debería actuar en el espacio nacional”

Se ha cuestionado la permisividad de parte de las autoridades universitarias con este tipo de espacios de apología senderista, ¿usted cree lo mismo?

Tampoco uno puede estar con un garrote en la universidad para impedirlo, ni asestarle un garrotazo a cualquiera que levante una bandera roja.

¿Entonces?

El problema es que (el surgimiento de estos grupos) se produce en una situación de desgobiernos, caos, irregularidades y fraude electoral dentro de la universidad. Esto se agrava porque el gobierno no se sostiene en un sistema democrático, sino en una alianza con operadores estudiantiles, algunos profesores. Se sostiene al margen de una normativa democrática, eso es lo que lo hace débil.

Manuel Fajardo, abogado de Abimael Guzmán, ha anunciado una nueva etapa del PCP-SL, a la que denomina un espacio político de izquierda radical. ¿Qué busca Guzmán en las universidades?

Deberían actuar en el espacio nacional, no usar las universidades. Las universidades son espacios autónomos para cumplir una misión universitaria, y la misión universitaria es la docencia, la investigación y la proyección social. Las universidades mismas cuando quieren proyectarse hacia la sociedad van hacia la sociedad y organizan seminarios, conferencias y veladas culturales o consultorías.

¿Qué carrera paga mejor en el Perú?

El boom de la construcción en el país hizo que la Ingenieria Civil sea la profesión que permite obtener mejores ganancias en el país.

 Los jóvenes deben elegir bien la profesión que deseen seguir. (USI)

Un reciente sondeo virtual hecho por el portal Universia Perú reveló que el 24% de consultados cree que Ingeniería Civil es la carrera que permite obtener mejores ganancias en el país.

Esta encuesta se realizó a propósito del Día del Ingeniero, que se celebra cada 8 de junio, y fue respondida por 1,359 personas entre el 21 y 25 de mayo, indicó Jorge Morales, editor de Contenidos de Universia.

“Ingeniería civil es la carrera mejor remunerada en el Perú*, pues desde el 2003, tanto en el sector público como en el privado, se han venido realizando grandes inversiones en obras”, dijo Gustavo Yamada, profesor de la Universidad del Pacífico y autor del estudio “Retornos a la educación superior en el mercado laboral”, que arrojó que un profesional calificado de esta especialidad gana en promedio S/.4.800 al mes*, seguido por un ingeniero de sistemas, con unos S/.4.600.

En cuanto a la carrera que más se requiere en el Perú, un 25% de los encuestados por Universia respondió que es *Ingeniería Industrial, seguida por Ingeniería Ambiental (23%) e Ingeniería Civil (18%).

Asimismo, el 26% de encuestados cree que Ingeniería Ambiental es la carrera que tiene más proyecciones en el futuro, seguida por Ingeniería Industrial (21%) e Ingeniería Civil, con un 20% cada una.

¿HAY ESTADO PARA LOS MIGRANTES PERUANOS?

La pregunta que hiciera la niña peruana Daisy Cuevas sobre migración ilegal a Michelle Obama, esposa del actual Presidente de Estados Unidos, ha puesto en el tapete la situación en la que viven millones de peruanos fuera del país, pero sobre todo de quienes lo hacen ilegalmente como es el caso de la familia de Daysi. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre estos peruanos? ¿Qué rol viene jugando el Estado Peruano para favorecerlos?

Peruanos en el exterior: ¿Hay un diagnóstico?

No existe un verdadero diagnóstico sobre la realidad de los peruanos migrantes. A lo mucho conocemos algunas variables sociodemográficas de aquellos peruanos que migraron en cierto periodo de tiempo, pero desconocemos cómo viven una vez que salieron del país.

Según el estudio Perú: Estadísticas de la migración internacional de peruanos, 1990 – 2008, el número de peruanos en el exterior durante este periodo alcanzó la cifra de 2 millones 13 mil 90 peruanos, esto es, un aproximado del 7% de la población nacional. Asimismo, entre 1994 y 2008, cerca de 1 millón 760 mil peruanos migraron al exterior, siendo el primer país de destino Chile (21,9%) y, en segundo lugar, Estados Unidos (18,9%).

El principal motivo de viaje declarado por los peruanos al emigrar fue el turismo (95,6%), cifra que llama a suspicacias y que nos estaría hablando de un alto porcentaje de migrantes ilegales. Actualmente, la información sobre la situación ilegal de peruanos en el extranjero se reduce a simples aproximaciones. Por ejemplo, se cree que cerca de medio millón de peruanos vivirían ilegalmente solo en Estados Unidos. Asimismo, se presume que existirían unos 200 mil peruanos indocumentados en Europa. ¿Cómo se pueden plantear alternativas sin tener datos reales?

Una política migratoria: ¿a qué nos referimos?

Los consulados del Perú en el extranjero no han garantizado algún tipo de seguridad a los peruanos ilegales para que acepten ser empadronados. Por esto, saludamos la promulgación de la Ley de los Consejos de Consulta de las Comunidades Peruanas en el Exterior, que le otorga a estos consejos organizados desde la sociedad civil un rol cooperador de las oficinas consulares, con el fin de orientar en la solución de los problemas que enfrentan los peruanos residentes en el extranjero. Pero esto no es suficiente.

Necesitamos una política de estado que vele por los derechos de los migrantes peruanos. Como señala el ex canciller Manuel Rodríguez Cuadros, el Estado Peruano debería preocuparse por dar leyes que garanticen, entre otros aspectos, los derechos individuales, el acceso a los sistemas de salud y seguridad social, la protección legal y la representación política en el Congreso de los peruanos migrantes. Es decir, promover una mayor relación de estos ciudadanos con su patria. Asimismo, se requiere que la cancillería peruana cambie su visión centrada en promover la diplomacia hacia una labor centrada en el servicio a las comunidades peruanas en el extranjero.

Finalmente, esperamos que nuestros representantes se planteen estos temas de fondo, para no seguir postergando a estos millones de compatriotas, quienes aunque no viven en este territorio, siguen siendo peruanos.

W.E.C.G.

una ves mas nos reducen el presupuesto a las universidades publicas

 Hace unos días, salió publicado el decreto de urgencia N°­037-2010 mediante el cual se establecen un conjunto de medidas en aras del cumplimiento de las metas fiscales para el 2010 (entre ellas un déficit fiscal de -1.6% del PBI). Cual década de los noventa la herramienta de ajuste es el recorte en el gasto público. Dentro de éste, los proyectos de inversión pública han sido de los más golpeados.

Este conjunto de medidas se circunscribe al objetivo de estabilidad macro-fiscal del país. ¿A qué nos referimos con estabilidad macro-fiscal? A que el Estado no debería gastar permanentemente más de los ingresos que obtiene (no caer en “farra fiscal”) y de esta forma no entrar en una espiral de deuda pública.

Ahora bien, en caso un país caiga en una severa crisis de impagos ¿cómo puede retomar la estabilidad macro-fiscal? Hay tres caminos posibles: a) generar mayores ingresos, b) reducir los gastos o c) aplicar simultáneamente los dos caminos previos en un contexto de déficit moderado.

Sin embargo, desde los noventa, el recorte o reducción del gasto público ha sido asumido como la medida fiscal por excelencia en aras de la estabilidad macro-fiscal del país. Cual axioma económico se deja de lado la opción de generar mayores ingresos a través de reformas tributarias (por ejemplo, el incremento de la presión fiscal a través de la aplicación de impuesto a las sobre ganancias mineras). Se persiste por el recorte del gasto en un país que adolece de un forado de infraestructura pública¹ y grave desatención de servicios como educación y salud con lo cual se termina perjudicando al bienestar de la población.

El caso de la universidad pública.

Veamos por ejemplo, cómo bajo esta lógica, quienes resultarán considerablemente afectadas por este decreto de urgencia defendido recientemente por la Ministra de Economía, Mercedes Aráoz, son las universidades públicas del país.

En el artículo 3 del mencionado decreto de urgencia se afirma que en los casos de proyectos de inversión pública que no hayan iniciado ejecución, el presupuesto asignado en conjunto a tales proyectos en el presente año fiscal, solo podrá ser ejecutado hasta un veinticinco por ciento de dicho monto global. De esta manera, se recorta el presupuesto para proyectos de inversión de las universidades públicas en un 75% siempre y cuando los proyectos no se hayan iniciado lo cual, traducido en cifras, constituye aproximadamente 424 millones de soles este año.

Este recorte tendrá una serie de consecuencias perjudiciales para los alumnos pues las universidades públicas no podrán invertir en equipamiento, infraestructura, comida, atención médica gratuita y actividades de investigación. Pero, a la larga, la perjudicada es también la sociedad pues las universidades son espacios de desarrollo integral y la educación debiera ser un derecho y no un privilegio.

W.E.C.G

El DIRECTOR DEL FMI en San Marcos

Augusto Álvarez Rodrich

alvarezrodrich@larepublica.com.pe

Los cambios sorprendentes de las últimas cuatro décadas.

Muchas cosas han cambiado en la economía peruana y mundial desde fines de los años setenta hasta ahora, y algunas son muy sorprendentes.

La cotización del dólar ya no sube sino que baja; ahora es mejor ahorrar en soles que en dólares; ya no hay cursos de ‘deuda externa’ en las universidades; la mayoría de economías de América Latina se maneja con más responsabilidad que varias europeas; y Alan García dejó de ser un troglodita económico que imprimía billetes y gastaba sin medida ni clemencia, ponía controles de precios, cuya hiperinflación era de 40% al mes, y quería estatizar bancos, para volverse converso fanático del mercado y garante principal de las inversiones frente a las amenazas heterodoxas que él antes encarnaba.

Pero tan sorprendente como todo eso será ver esta mañana al director gerente del FMI, el francés Dominique Strauss-Khan, en la Universidad de San Marcos para sostener un debate abierto con universitarios de distintas partes del país y de América Latina, quienes esta mañana plantearán sus inquietudes en una sesión en la que tendré el honor de ser moderador.

Quizá no lo sepan algunos de los jóvenes que asistirán hoy a la Casona de San Marcos, pero en los años setenta y ochenta, el FMI era, para la mayoría, un anatema, encarnaba el monstruo a combatir. Hasta Javier Silva Ruete declaró –en su condición de ministro de Economía– que la representante del FMI, Linda Koening, era persona non grata y debía abandonar el Perú.

Hoy ya no queda casi nada de eso. La influencia del FMI en la política económica del Perú es baja porque su ‘condicionalidad’ ya no es requerida como hace tres décadas, y el gobierno peruano hasta le otorga recursos para que los preste.

Este cambio ha sido consecuencia de muchos fracasos que enseñaron bastante a gobiernos como el peruano y al propio FMI, y los hicieron replantear visiones sobre la economía.

Al igual que muchas economías latinoamericanas que han dado un vuelco total en sus enfoques económicos, el FMI también anda en busca de un nuevo rol en el marco de una economía globalizada en donde las ideas predominantes han cambiado mucho aunque los problemas de fondo –como el de la pobreza extendida– todavía sigan estando al tope de la agenda pendiente en el Perú y en la región latinoamericana.

Esta mañana será una buena oportunidad para evaluar, en las respuestas de Strauss-Kahn a las inquietudes de los universitarios, cuánto ha cambiado el FMI. Pero ver a su director gerente entrando a la Universidad de San Marcos sin que los alumnos le tiren piedras, será, como cantaría Joaquín Sabina, como ver a Trotsky en Wall Street fumar la pipa de la paz, o presenciar a Lenin y Zsa Zsa Gabor cuando se casaban en New York.

1 mayo: ¿ sin nada celebrar?

hoy  se celebra el día del trabajador. Esta fecha llega sin que en el Perú haya logros en materia laboral que realmente podamos celebrar. Para muestra bastan dos ejemplos. En primer lugar, en el país el trabajo informal llega al 70% de la PEA, es decir, solo el 30% de los trabajadores peruanos recibe un sueldo fijo cada fin de mes y cuenta con derechos laborales. En segundo lugar, luego de diez años de discusión en el Consejo Nacional del Trabajo todavía no contamos con una Ley General del Trabajo que concilie los intereses empresariales con la debida protección a los trabajadores¹. Pero estos no son los únicos hechos que revelan la crisis del sistema laboral en el país. Veamos algunas alertas que el gobierno debería tomar en cuenta para que el próximo 1 de mayo tenga un significado distinto para los trabajadores peruanos.

Antes de presentar cifras, es necesario reflexionar acerca del nivel de despolitización que se observa en los trabajadores peruanos. Como señala el economista Raúl Mauro², “la empresa - el lugar donde históricamente se han forjado los líderes políticos y sociales - se ha llenado de una especie de anticonceptivo social que limita las posibilidades para que nazcan los futuros líderes del cambio social”. Este aspecto va de la mano con el sentimiento de desesperanza de los peruanos respecto de la política y de sus políticos.

 Como contraparte, tenemos un Estado que, especialmente a partir del autogolpe del 5 de abril de 1992, ha venido jugando a favor de los empresarios, dejando de lado la promoción del trabajo decente³. Según cita el sociólogo Enrique Fernández-Maldonado, el Perú es uno de los países con indicadores de trabajo digno más bajos en la región pues, pese al periodo de crecimiento experimentado entre 2002 y 2008, los índices de precariedad laboral y desigualdad económica se mantuvieron o crecieron. Asimismo, la cantidad de empleos estables (contratos indefinidos) decayó de 54% a 31% entre 1998 y 2007, mientras que el empleo temporal (a plazo fijo) aumentó de 46% a 69% en ese mismo periodo. Además, citando un estudio del también economista Julio Gamero, señala que el número de trabajadores sindicalizados entre el 2001 y 2005 habría experimentado una caída importante, pasando de 7.1% a 4.5% entre el 2007 y 2009 (hoy no superan las 100 mil afiliaciones).

No solo esto, las brechas salariales de acuerdo a las variables género y etnicidad persisten. En el Perú, un hombre percibe 19% más que una mujer, ambos con las mismas características. Mientras que un peruano de origen “blanco” percibe 21% más en términos salariales que una persona de origen étnico con el mismo género, edad y nivel de educación. Asimismo, sorprende que, en medio de la bonanza y optimismo macroeconómico, se soslayen temas como el alto porcentaje de trabajo infantil (42%), que no ha disminuido desde 1994.

En ese sentido, el actual modelo económico no ha podido hallar el camino para resolver no solo la precariedad laboral, sino las viejas disparidades sociales. Por esto, los universitarios exigimos que el actual gobierno se comprometa en realizar cambios de fondo en el sector laboral, que es una de las bases de un país democrático.

pie de pa

 ¹Enrique Fernández- Maldonado. “De la transición inconclusa a la tentación autoritaria. Una mirada desde el ámbito del trabajo”. Democracia sin piso: ¿Y los derechos laborales? Trabajo y Desarrollo. Revista Nº7, marzo 2007. PLADES.

²Raúl Mauro. “El salario mínimo, no es un tema mínimo”. Op.cit.

 ³El trabajo decente implica derechos laborales, oportunidades de empleo, protección y diálogo social. Fuente: ¿Qué es el trabajo decente? OIT, 2004.

Más universidades: ¿Para qué?

En las últimas sesiones, los miembros de la Comisión de Educación se han visto inmersos en la ociosa tarea de crear más universidades públicas. Así, dejando de lado la discusión de un importante predictamen que propone una nueva ley universitaria u olvidando la necesidad de investigar el escandaloso caso de la Universidad Alas Peruanas, se han seguido creando más universidades sin criterios realmente razonables.

¿Necesitamos más universidades? El Perú no tiene un problema de demanda sino de oferta universitaria. Es decir, no se necesita más centros universitarios si primero no se mejora la calidad, tanto en enseñanza como en investigación, de las que ya existen. Además, según la Ley Universitaria vigente, la creación de universidades está sujeta a la acreditación de su necesidad, así como a la disponibilidad de personal docente calificado y los recursos que aseguren la eficiencia de sus servicios. ¿Se han tomado en cuenta estos criterios en la creación de los últimos centros universitarios? Parece que no.

Por ejemplo, la Universidad Nacional de Juliaca (Ley 29074) ha sido creada sin un Proyecto de Desarrollo Institucional (PDI) y sin que se especifiquen las carreras que ofrecerá y la demanda que estas cubrirían. Otro es el caso de la Universidad Nacional de Cañete (Ley 29488), que ha sido creada el año pasado sobre la base de las sedes provinciales de la Universidad del Callao y de la Universidad Faustino Sánchez Carrión. Además, al igual que la Universidad de Juliaca y la recién creada Universidad de Jaén (Ley 29304), esta tampoco cuenta con un PDI que detalle su real necesidad en la provincia. En esta misma situación se encuentra la recién creada Universidad Nacional Autónoma de Chota.

Pero hay más. En la actualidad, en la Comisión de Educación existen varios proyectos de ley que proponen la creación de más universidades sin contar con las pautas técnicas y económicas pertinentes. Así, están por debatirse el proyecto 2050/2007-CR, que propone la creación de la Universidad Nacional de Huanta; el proyecto 2169/2007-CR, que propone crear la Universidad Nacional de Frontera (Sullana); el proyecto 03389/2009-GL, que propone crear la Universidad Nacional de Barranca sobre la base de la filial de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo; el proyecto 03375/2008-CR, que propone crear la Universidad Nacional Ciro Alegría de Huamachuco; el proyecto 03661/2009-CR, que propone denominar Universidad Nacional de Ciencia y Tecnología – Andrés Avelino Cáceres al Instituto Científico y Tecnológico del Ejército, entre otros más.

Al respecto, es necesario diferenciar entre el rol que cumple una filial universitaria, un instituto técnico y una universidad, por lo que convertir los dos primeros en lo tercero resulta inadmisible. Una filial es una proyección de la universidad, es decir, forma parte de su sistema de enseñanza, por lo que carece de lógica convertir esta sucursal en una universidad. Por otro lado, mientras un instituto busca la aplicación del conocimiento, la universidad también debe crear conocimiento, por lo que sus objetivos son distintos.

Entonces, ¿por qué los congresistas siguen votando a favor de crear más universidades? Al parecer, en pleno año electoral, nuestros padres de la patria no quieren perder la oportunidad de generar algún rédito político satisfaciendo intereses clientelistas con la creación de estas universidades. Es lamentable que, desde una instancia representativa como es dicha comisión congresal, donde se deberían discutir y crear normas a favor de este sector, se siga dañando la grave situación de la universidad peruana.