¿Los universitarios deben elegir directamente al rector y los decanos de sus centros de estudios? La ley que lo dispone, aprobada recientemente en el Congreso, genera posiciones divididas. Por un lado, profesores y alumnos la enarbolan como el antídoto a la corrupción enquistada en los órganos de gobierno; y por el otro, las autoridades hablan de politización innecesaria.
Por Ghiovani Hinojosa
El miedo a la democracia
A Carlos Rodríguez, estudiante del décimo ciclo de la Facultad de Letras de la Universidad San Marcos, le apesta la política. Dice que es vox pópuli entre sus amigos que hay un círculo vicioso de delegados que se mantiene en el poder y que intercambia roles cuando se avecinan tiempos electorales. No sabe más. “Prefiero dedicarme dos veces a la semana a internarme todo el día en la biblioteca para buscar libros para mi tesis”, se sincera. Por eso, en los últimos comicios internos, vició su voto, “porque estaba totalmente desconectado”. Así como él, miles de sanmarquinos se mantienen desenchufados de un entorno altamente politizado: las cifras oficiales del 2009 (las de este año todavía no las publica el Comité Electoral, algo irregular) muestran que, en el caso de Letras, la lista de alumnos que ganó en el tercio estudiantil obtuvo solo el 12% de los votos (se calcula que cerca del 80% de estudiantes de esta facultad votó viciado o en blanco). En estas condiciones, ¿qué tipo de legitimidad tienen los representantes estudiantiles? ¿Acaso esta experiencia no demuestra que el sistema de voto indirecto pende de un hilo?
Por eso sorprende, afirma el sociólogo y catedrático Sinesio López, que la politización de las universidades sea el principal argumento de aquellos que se oponen a la Ley que Democratiza las Elecciones de las Autoridades de la Universidad Peruana, aprobada por el Pleno del Congreso el 23 de junio. Como se sabe, esta norma da a los alumnos y profesores la posibilidad de elegir directamente –sin la intermediación de la asamblea universitaria y los consejos de facultad– al rector y los decanos, respectivamente. Es que, según López, las universidades ya están politizadas, pero soterradamente. Esto se refiere a que, en centros de estudios como San Marcos, los aspirantes a decanos despliegan propaganda electoral y negocian votos favorables con los docentes representantes y el tercio estudiantil. “Con la nueva ley, la política saldrá a la luz. Las propuestas de los candidatos se conocerán con toda claridad. Se espera que los universitarios sean ciudadanos informados; y que, al tener elecciones más abiertas, abandonen la indiferencia. Las pequeñas minorías activas que por años controlaron la universidad perderán su poder”, explica.
El miércoles pasado, el presidente de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) y rector de la Universidad Ricardo Palma, Iván Rodríguez, declaró en conferencia de prensa: “El sistema vigente no hace de la elección de autoridades una campaña electoral porque todos los profesores principales que reúnen los requisitos para ser rector son candidatos, es un sistema de cónclave aplicado en una asamblea. No es que uno previamente se inscribe y hace campaña para que lo conozcan, no conquista votos ni expone programas. Este es el régimen clásico de universidades del mundo”. Si bien la descripción de Rodríguez no se ajusta a la realidad de las universidades públicas, sí encarna el temor por la eventual alteración de la vida académica que ocasionarían los comicios universales. Debates permanentes, ofrecimientos demagógicos de los candidatos e infiltración de extremistas, caracterizarían, según algunas autoridades universitarias, la elección del rector, los vicerrectores y los decanos. Para los defensores de la ley la cosa es simple: Iván Rodríguez y su entorno de rectores y decanos temen por el futuro de sus puestos.
El consenso por el cambio ya existía
•La indignación que han mostrado, en coro unánime, la Asamblea Nacional de Rectores, el ministro de Educación, José Antonio Chang, y algunos líderes de opinión, frente a la ley del voto universal en las universidades, contrasta con el optimismo con que se debatía esta propuesta en el sector educativo hace pocos años. Zenón Depaz, director de la Escuela de Filosofía de San Marcos, recuerda que, primero el 2002, durante la gestión del ex ministro Nicolás Lynch, y luego entre el 2005 y 2006, con el respaldo del ex titular de Educación Javier Sota Nadal, se realizó una serie de foros descentralizados en todo el país con la participación de estudiantes y autoridades universitarias, gobiernos regionales y empresarios.
“Por esos días se llegó a un consenso en relación a que los mecanismos de representación en la universidad eran inadecuados, pues favorecían la corrupción. El voto universal era una exigencia muy sentida, y la mayoría estaba de acuerdo con implementarlo”, rememora. Entonces, ¿por qué la posición oficial del ministerio ha variado? “Por presión de la ANR, que es una suerte de sindicato de rectores. Ellos defienden sus propios intereses: si no, cómo explicar que, mientras critican el sistema de votación universal, defienden el fraude que acaba de ocurrir en San Marcos”, responde Depaz. En efecto, el pronunciamiento escrito que difundieron los rectores el domingo pasado señala en el punto cuatro: “(Rechazamos) el ataque de que están siendo objeto las universidades nacionales de Lima y de provincias y de manera especial la desatada contra la UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS y su rector doctor Luis Izquierdo Vásquez por el maltrato que se le ha inferido en esta campaña”. ¿Cómo es posible que la ANR tome posición a favor de Izquierdo si todavía no existen certezas sobre las presuntas irregularidades en la elección de docentes a la asamblea universitaria de mayo pasado (la acusación la investiga hoy la Fiscalía, ya que el Comité Electoral se negó a admitir la denuncia)?
¿Qué pasará en las privadas?
•La ley que instituye el voto universal en las universidades del país se hizo de la noche a la mañana. La debatió la Comisión de Educación del Parlamento la noche del martes 22 de junio y la aprobó el Pleno el día siguiente. Para los rectores, no solo se trata de una norma improvisada, sino también inconsulta, pues no les pidieron opinión sobre el tema. El hecho es que, si bien limita el poder de los órganos de gobierno (disminuye el número de miembros de la asamblea universitaria de 114 a 36; del consejo universitario, de 40 a 12; y de los consejos de facultad, de 20 a 9), la ley recientemente aprobada es imprecisa sobre su aplicación en las universidades privadas (el Artículo 1 habla de la “universidad peruana” en general). Werner Cabrera, presidente de la Comisión de Educación, precisa que el régimen propuesto afecta, además de las públicas, a las universidades privadas sin fines de lucro (Católica, Lima, San Martín, Pacífico) y no a las que están constituidas como sociedades anónimas o empresas (UPC, San Ignacio, César Vallejo y Alas Peruanas).
“Yo aconsejé a algunos congresistas de la Comisión de Educación, que, por un asunto de viabilidad política, la ley solo se ocupara de las universidades públicas. Es que el sector privado ve en la ley una amenaza, aun cuando no tiene por qué, pues se supone que las universidades privadas sin fines de lucro no tienen dueño o, mejor dicho, sus dueños son todos los miembros de la comunidad universitaria”, reflexiona Zenón Depaz. En cualquier caso, este encuentro de posiciones puede ser el punto de partida para retomar el debate sobre la Nueva Ley Universitaria (que contempla aspectos centrales como el defensor universitario, el Consejo Nacional de Universidades y programas de impulso a la investigación), entrampado en el Congreso desde el 2001. Todos quisiéramos decir: en educación, el Perú avanza.
Datos
32,800 alumnos de pregrado y posgrado elegirían directamente al nuevo rector de San Marcos en mayo próximo.
3,500 docentes sanmarquinos votarían por el nuevo rector. La última ley no prevé el voto del personal administrativo y los graduados.
