Este lunes 23 de agosto se dio inicio a la semana conmemorativa por los siete años de uno de los momentos más importantes de la reinstauración de la democracia en el Perú, la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (el Informe). Más allá de las merecidas celebraciones conmemorativas, desde Justicia Viva, cada año se plantea una reflexión no solo sobre el hecho mismo de la entrega, sino sobre el necesario balance que nos plantea el Informe como hito en base al cual medir: la reconciliación, como fin frente a los graves hechos que motivaron el mismo; y el nivel de democracia y respeto por los derechos humanos en nuestro país, luego del periodo de dictadura de los 90.
En ese sentido, hay avances que no se pueden obviar, pero desde que el Informe fuera dado (y especialmente durante este último gobierno) los retrocesos han sido muchos y muy acentuados. El primer punto que resalta este análisis es el de la judicialización de las graves violaciones de derechos humanos durante el periodo de violencia, es decir la “justicia” y la “verdad” propiamente dichas. Este punto se encuentra en un momento crítico[1], desde el 2006 hasta la fecha, la Sala Penal Nacional (SPN) ha emitido 19 sentencias en relación a casos de violaciones de derechos humanos (la mayoría denunciados por el Informe), absolviendo al 80% de los procesados (Los Laureles, Marco Barrantes, entre otros casos)[2].
Esto ha consolidado una jurisprudencia que pone en peligro los esfuerzos que llevaron a la justicia estos casos, y se inclina por la impunidad (especialmente en materia de “desaparición forzada”, cuya jurisprudencia ha cambiado en desmedro de la justicia): se desestiman pruebas que no sean directas, lo cual incide directamente en la responsabilidad de mandos militares; busca no calificar los hechos como de lesa humanidad a pesar del carácter sistemático de los hechos perpetrados por el Estado, etc. A esto se añaden los casos pendientes, cuya demora responde en parte a la falta de colaboración del Ministerio de Defensa, para brindar información; tal como sucede en el caso Putis.
En relación a la “reconciliación”, lamentablemente las perspectivas tampoco se han mostrado alentadoras, la reciente liberación y re encarcelamiento de Lori Berenson (condenada a 20 años, 15 de los cuales ya habría cumplido al momento de solicitar el beneficio de la semilibertad), ha demostrado que las heridas aún siguen abiertas. De igual forma los ataques y amenazas realizados contra Salomón Lerner, presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, a fines del año pasado. De manera más específica, estas perspectivas se comprobaron con el cierre del Consejo de Reparaciones también a fines del año pasado, debido a la falta de presupuesto asignado por el Estado a esta institución, lo que constituyó un duro golpe para las miles de víctimas de la violencia, la mayoría en estado de pobreza. Es difícil considerar una reconciliación nacional, sin tomar en cuenta la reparación al sufrimiento de las víctimas del período de violencia.
Asimismo, la gran cantidad de conflictos sociales (producto de la afectación de derechos a población vulnerable, como la indígena), cuyo mal manejo y desinterés para mejorarlo, por parte del Estado, se evidenció trágicamente el 5 de junio del año pasado en Bagua; cuyo aniversario fue conmemorado por el Presidente de la República estatuyendo el “día del ron peruano”. Así, las víctimas de Bagua, fueron parte del más de un centenar de muertes civiles por responsabilidad del Estado, durante el actual gobierno, hasta diciembre del 2009.
Sin duda, hay un antes y un después del Informe; sin embargo, el camino que se está forjando en materia de protección de derechos fundamentales e institucionalidad democrática (durante el último gobierno en especial) nos indica que el impulso dado por el mismo no ha sido debidamente aprovechado en el camino. Actos estatales, como la creación de la Comisión Técnica Multisectorial, en julio de este año, que se encargará de planificar los mecanismos y procedimientos para la entrega de reparaciones individuales; parecen ser hechos rescatables pero aislados dentro de una tendencia opuesta del propio Estado.
No obstante este escenario, el trabajo coordinado de las distintas instituciones de la sociedad civil y especialmente de las víctimas del periodo de violencia y sus familiares, ha permitido que el impulso del Informe no se pierda. Se desarrolla una labor por la búsqueda de “verdad” y “justicia”, a través de la judicialización y defensa constante de casos; y de “reconciliación”, a través de campañas que sensibilicen a la población y promuevan el conocimiento del Informe como una herramienta crucial de nuestra historia. Los actos conmemorativos de esta semana, son parte de esta labor que todas y todos estamos llamados a compartir, y con la cual tenemos una responsabilidad. Pueden no haber sido siete años de la verdad y reconciliación que anhelábamos, pero ciertamente los han sido de una lucha inquebrantable por conseguirla.
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[1] Si bien la sentencia a Fujimori y la del desaparecido Ernesto Castillo Páez, constituyen grandes avances, estas se han convertido más bien en una excepción, dentro de los procesos de judicialización.
[2] Ver: Los retrocesos del proceso de judicialización de graves violaciones a los derechos humanos… las sentencias de la Sala Penal Nacional (estadísticas del link actualizadas hasta octubre del 2009).
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